Sanavirones: etnicidad o condición social

La organización de la fuerza laboral indígena en torno al sistema de la encomienda y el servicio personal permitieron despuntar la actividad productiva de la hacienda y el obraje feudatario a partir del siglo XVI, cuya instrumentalización constituyó uno de los dispositivos de dominación más efectivos del poder colonial, que ejerció presión sobre los estratos sociales más vulnerables del sistema corporativo encomendero.  Lo indígena se define precisamente a partir de su condición de subalternidad. [Ver "Después de las desnaturalizaciones..." Lorena Rodríguez, 2008]

Sin embargo, los efectos que produce el ejercicio del poder dentro del dominio territorial que ocupa el espacio colonial, permiten observar cierta flexibilización en los modos de reciprocidad intercultural, donde constantemente se redefinen los espacios de inclusión o exclusión social, y que exceden el binomio que construye el patrón de subalternidad entre peninsulares opresores e indígenas oprimidos. Es decir, el poder no solamente se ejerce desde arriba hacia abajo, sino que la hegemonía cultural atraviesa indiscriminadamente todas las capas de la estratificación social, donde se puede visibilizar una serie de estrategias, tanto colectivas como individuales, tendientes a disputar o sencillamente ocupar aquellos espacios de dominio simbólicos que subyacen en el entramado social mestizo o hispano-indígena, y que se sincretizan bajo una interfaz de enunciados, prácticas y discursos (tecnologías del poder) que se practican consuetudinariamente, y que determina la condición social de los individuos dentro de la territorialidad del espacio colonial.

La preocupación por comprender desde una perspectiva etnohistórica las dinámicas culturales en el antiguo Tucumán, conllevó a partir de la década de los ochenta a la elaboración de una serie de hipótesis propuestas por Ana María Lorandi, en torno a las relaciones de poder que se suscitaron entre sociedades indígenas e hispano-criollas, donde los procesos de etnogénesis propiciaron las condiciones sociales para revolucionar la actividad productiva prehispánica en torno al sistema de la encomienda, cooptando y capacitando la mano de obra indígena local para las nuevas actividades mercantiles bajo condiciones de servidumbre en beneficio de la clase encomendera. La explotación compulsiva del servicio personal se tradujo en la mercantilización del tributo indígena, excluyendo a la inmensa mayoría del campesinado rural indígena de toda participación monetaria dentro del circuito de la economía minera.

Basta con pensar que los mecanismos de coacción a los que fueron sometidas las poblaciones indígenas del Tucumán, constituyen para Lorandi uno de los elementos diagnósticos que persisten a lo largo de todo el proceso de desestructuración de las comunidades originarias, sugiriendo que las consecuencias bajo condiciones de opresión no permitieron resquicios para la reproducción social y material de estas comunidades.

Así mismo, el marco normativo y jurídico que se aplicó en el Tucumán colonial se caracterizó fundamentalmente por su omnipresencia y su carácter especulativo, carente de formalismo y transparencia procesal, dado que el ejercicio real del poder estaba condicionado por las costumbres de los cabildos locales y la constante violación al usufructo del servicio personal indígena. Partiendo de una vocación profundamente antropológica, Ana María Lorandi interpela los mecanismos de subjetivación que reproducen las trayectorias particulares de la sociedad hispano-criolla del Tucumán colonial, identificando de ese modo su statu quo per se: es decir, su relativa condición de marginalidad con respecto a los grandes centros del poder peninsular. Este punto resulta sumamente importante, dado que Lorandi instala a partir de entonces la idea de que los factores desestructurantes que sufrieron las sociedades indígenas del Tucumán deben ser analizados bajo la perspectiva de su condición geopolítica en particular.

Desde los tiempos prehispánicos las sociedades aborígenes del Tucumán desarrollaron estrategias de subsistencia basadas en la complementariedad de los recursos económicos, tanto productivos como extractivos. Las descripciones etnográficas que retratan los documentos coloniales, dan cuenta sobre los procesos económicos en torno a la recolección como sustento diario de las comunidades originarias. Sin embargo, podemos presumir que las circunstancias coloniales imperantes, que modificaron sustancialmente los hábitos de reproducción social (superposición de obligaciones impuestas por el servicio personal), hayan restringido su capacidad para generar excedentes que antiguamente satisfacían los modos de consumo prehispánico. Dicha circunstancia pudo traducirse en una intensificación de la recolección de grandes volúmenes de algarroba para “subsidiar” la alimentación de los indígenas bajo condiciones de servidumbre. La normativización del servicio personal y la regulación del tiempo destinado a la cosecha de la algarroba por las ordenanzas de Abreu en 1576, puede ser un ejemplo claro sobre las consecuencias que impactaron en los procesos de desestructuración aborígenes. 

Según un informante de la expedición de Diego de Rojas, al promediar el siglo XVI las poblaciones prehispánicas de la llanura oriental tucumano-santiagueña podían recoger hasta tres cosechas de maíz en el año, beneficiados por el desborde de los ríos que encausaban para represar el agua artificialmente. Sin embargo, la alternancia de episodios húmedos seguidos de períodos más secos, debió resentir significativamente sus capacidades de abastecimiento, basadas en la práctica de una horticultura fuertemente dependiente de las condiciones pluviométricas estacionales. Por otra parte, es preciso remarcar que las fuentes etnohistóricas asocian indiscutiblemente la recolección de la algarroba con la ingesta de aloja, elaborada para celebrar sus juntas y borracheras. Sin bien existen documentos informando que estos indios para subsistir se sustentan de grandísima algarroba, todos estos testimonios retratan un contexto etnográfico en proceso de desestructuración, por lo que no sería erróneo suponer que la intensificación de su recolección para alimentar a la población indígena, vaya aparejada con la incorporación compulsiva del servicio personal durante el período hispano-indígena.

Sin embargo, pese a las circunstancias imperantes que vulneraron las capacidades de reproducción social indígenas, la sociedad colonial deja entrever ciertos márgenes que a primera vista parecen incongruentes, pero que no obstante, permiten indagar sobre ciertas cuestiones en torno a la construcción y la percepción del imaginario social dentro del espacio tucumano-santiagueño. Por un lado, la presencia de indios forasteros libres cobra preponderancia a lo largo del siglo XVI, donde la documentación ha podido identificar el itinerario de sus trayectorias individuales, observando que la asimilación y la incorporación de los valores hegemónicos del poder feudatario local les permite ocupar ciertos espacios de dominio simbólico pese a su condición de aboriginalidad, lo que indudablemente no parece haber constituido un impedimento para usufructuar de un estatus patrimonial del que incluso otros españoles nunca lograron alcanzar [ver “Indio libre y rico, en la vecindad de Córdoba del año 1584” en “Indígenas y conquistadores de Córdoba”, Aníbal Montes. Isquitipe, 2008].

Dentro de esta perspectiva metodológica, la figura social que ocupa el indígena dentro del sistema feudatario encomendero muestra una heterogeneidad de posibilidades, que refuerzan la idea de que las pautas de interculturalidad entre colonizados y colonizadores son el resultado de una construcción social, sin por ello desconocer su carácter asimétrico, en el que la hegemonía cultural que instala el orden peninsular no solo consolida, sino que también resignifica aquellos patrones de discriminación social de acuerdo a pautas etno-culturales que preceden incluso a la colonización española.

Analizando a grandes rasgos el comportamiento de las sociedades indígenas a los largo del siglo XVI dentro del ámbito meridional sur andino, observamos que los mecanismos de adaptación a las nuevas circunstancias imperantes, precedentes a las reformas toledanas, conllevan a una escisión de los lazos comunitarios, a las grandes movilizaciones poblacionales que cambian la cartografía socioétnica de la altiplanicie puneña, concentrándose grandes contingentes de población migrante alrededor de los centros mineros y los valles orientales cochabambinos. Y una tendencia creciente a prescindir de una identidad comunitaria u originaria para travestir su condición social bajo una clasificación tan ambigua como la del yanacona, que la documentación colonial del período destaca por su preocupación ante el notable ascenso de este grupo social.

El yanaconazgo ha sido analizado por Josep Barnadas fundamentalmente como un fenómeno de movilidad social, posibilitado por un contexto político y económico motivado no solo por el ritmo sostenido a partir de 1545 del extractivismo minero potosino, sino también por los efectos catastróficos de las guerras pizarristas, que llevaron al borde de la inanición a las sociedades aborígenes altiplánicas. El período comprendido entre 1550-1570 reconfigurará el escenario social del espacio charqueño, observándose un aumento en la tasa de la mano de obra indígena libre que se recluta voluntariamente alrededor de la ceja de selva, precisamente allí donde los emprendimientos agrícola-ganaderos del sector propietario no encomendero emergen junto con el sector minero, disputando el acceso a la mano de obra indígena que pretenden acaparar los encomenderos con la perpetuidad del servicio personal. Lo interesante del caso es que la deserción de la vida comunitaria conlleva a la liberación de las obligaciones impositivas de las que son susceptibles de exacción los hatun runa, miembros del ayllu, unidad censal que organiza la actividad tributaria de la administración colonial.

En este contexto de desestructuración, hablar de sanavirones en un espacio marginal dentro del territorio colonial como lo fue el Tucumán, implica someter bajo interrogación un conjunto de saberes y enunciados que la disciplina historiográfica terminó por constituir como una entidad etnográfica no arqueológica. 

El fenómeno sanavirón, puesto bajo la observación de los efectos de la dominación colonial, permite visibilizar aquellos mecanismos de asimilación o aculturación social de las pautas hegemónicas peninsulares para subvertir la condición social de hatun runa.

Quizás uno de los aspectos menos estudiados sobre el tema, corresponda al análisis sobre la condición social de yana que ocuparon indios sanavirones durante el proceso de colonización en las sierras cordobesas. En este sentido, Josefina Piana en su libro “Los indígenas de Córdoba bajo el régimen colonial 1570-1620” propone varias líneas de investigación que merecen por sí mismas un estudio monográfico pormenorizado. En una de ellas, sugiere la participación de indios sanavirones como agentes intermediarios en la resolución de conflictos hispano-indígenas, quienes colaboraron como intérpretes ante los escribanos notariales.

La inestabilidad que presenta el etnónimo sanavirón para discriminar patrones de interculturalidad entre las sociedades indígenas de las Sierras Centrales, motivó a que los primeros estudios etnográficos o “protohistóricos” de principios del siglo XX priorizaran la toponomástica para identificar su filiación étnica y remarcar las diferencias raciales que separaban al grupo advenedizo de aquellos originarios que se denominaron comechingones, a partir de las descripciones que suscitan los documentos de la conquista.

En principio, la supuesta intrusión de poblaciones procedentes del sudoeste de la cuenca aluvial santiagueña en el territorio cordobés se habría extendido, pocos años antes de la llegada de los españoles, sobre el eje longitudinal del piedemonte oriental  serrano. La presencia de la toponimia y la onomástica sanavirona quedó registrada desde temprano a partir de la fundación de la jurisdicción en 1573, a través del reparto de encomiendas en cuyas cédulas aparecen los apellidos de los caciques con sus pueblos, muchos de ellos vertidos a la lengua sanavirona. Esta circunstancia llevó a considerar la idea de que el predominio del topónimo sacate fue la consecuencia de una penetración motivada por la presión que ejercieron hordas chiriguanas sobre grupos sedentarizados de la mesopotamia santiagueña.

Con posterioridad, Eduardo Berberian y Beatriz Bixio han relativizado la idea de considerar a la lengua sanavirona como una entidad étnica y territorial, proponiendo la posibilidad de pensar que estas identidades etnográficas fuesen asignadas por los mismos españoles. En consonancia con esta línea de investigación, González Navarro [ver “Autoridades étnicas en un contexto de desestructuración...”, 2009] retoma el problema, advirtiendo a partir de una cuidadosa lectura de los archivos judiciales, que la organización política de las entidades adscriptas al grupo sanaviron revela ciertas particularidades que difieren respecto al grupo comechingón, y que se manifiestan explícitamente en la dimisión de pleitos por la superposición de mercedes y títulos de encomienda:

[En términos generales se advierte en el área de planicies orientales una menor frecuencia de conflictos prehispánicos acompañada por una escasa fragmentación política, lo cual se correspondió, durante el periodo colonial, con una más limitada presencia de conflictos por tierras o por encomiendas. Según analizamos en contribuciones anteriores (González Navarro, 2002,2005), la mayor concentración de pleitos judiciales por la posesión de encomiendas se ubica  en el área serrana, donde continuamente las partes indican las dificultades para precisar los límites de las encomiendas debido a la fragmentación de los pueblos][Este fenómeno no se repite de la misma manera en el área de planicies donde la apropiación del espacio y de las personas bajo la figura jurídica de la encomienda, se habría dado de forma más aceitada y sin conflicto entre españoles]”

Curiosa reflexión que indudablemente nos lleva a interrogarnos sobre los vínculos de subordinación y reciprocidad que pudo establecerse entre feudatarios y sanavirones. Si la menor frecuencia de conflictos por tierras o títulos de encomienda se da preferentemente entre indios sanavirones, quizás haya que prestar más atención a los métodos de apropiación y reparto del territorio del que se benefició el sector feudatario cordobés, donde podemos observar que varios vecinos pueden ser titulares de una misma encomienda como la de Cavisacate (actual localidad de Villa del Totoral), de indudable filiación sanavirona, sin que por ello se genere conflicto alguno entre las partes que dirimen el reparto de las tierras no usufructuadas por sus propios indios [ver “Libro de mercedes de tierras de Córdoba...”, con fecha 22 de marzo de 1576].

Por otra parte, la arqueología de las Sierras Centrales no ha podido determinar o aislar un patrón estilístico que permita discriminar una cultura material propiamente sanavirona, aunque las colecciones arqueológicas recolectadas en el norte cordobés suelen identificar la presencia de alfarería rústica de filiación santiagueña. Más bien, lo que el registro arqueológico demuestra en líneas generales es una tendencia a homogeneizar los modos de reproducción social que desarrollaron las sociedades indígenas de las Sierras Centrales. Nuevas interpretaciones analizadas desde la disciplina antropológica coinciden en destacar que los procesos sociales desarrollados durante el Período Prehispánico Tardío en la región provocaron un colapso en los modos de reproducción tradicionales, y esta circunstancia se reflejó tanto en una intensificación de la explotación de los recursos naturales (Laguens), como en una mayor presencia de los conflictos interétnicos en el noroccidente serrano por la disputa de los escasos recursos hídricos (Pastor).

Sin dudas, en el estado actual del conocimiento que se tiene sobre las sociedades indígenas de las Sierras Centrales, hablar de comechingones y sanavirones ya no resulta tan pertinente, si consideramos que la construcción de las cartografías étnicas durante el proceso de la conquista responden más bien a una percepción particular del espacio territorial que le es funcional a la administración colonial. Sin embargo, a partir de estas clasificaciones impuestas es que podemos indagar a través de la documentación otros aspectos que revelan las trayectorias particulares de determinados grupos o sujetos subordinados al poder colonial, y que pese a su condición social subalterna definida por su aboriginalidad, no obstante participan como agentes mestizos o intermediarios, ocupando un papel relevante como intérpretes en la resolución de conflictos hispano-indígenas.