La organización de la fuerza
laboral indígena en torno al sistema de la encomienda y el servicio personal
permitieron despuntar la actividad productiva de la hacienda y el obraje
feudatario a partir del siglo XVI, cuya instrumentalización constituyó uno de
los dispositivos de dominación más efectivos del poder colonial, que ejerció
presión sobre los estratos sociales más vulnerables del sistema corporativo
encomendero. Lo indígena se define precisamente a partir de su condición de
subalternidad. [Ver "Después de las desnaturalizaciones..." Lorena Rodríguez, 2008]
Sin embargo, los efectos que
produce el ejercicio del poder dentro del dominio territorial que ocupa el
espacio colonial, permiten observar cierta flexibilización en los modos de
reciprocidad intercultural, donde constantemente se redefinen los espacios de
inclusión o exclusión social, y que exceden el binomio que construye el patrón
de subalternidad entre peninsulares opresores
e indígenas oprimidos. Es decir, el poder no solamente se ejerce desde arriba
hacia abajo, sino que la hegemonía cultural atraviesa indiscriminadamente todas
las capas de la estratificación social, donde se puede visibilizar una serie de
estrategias, tanto colectivas como individuales, tendientes a disputar o
sencillamente ocupar aquellos espacios de dominio simbólicos que subyacen en el
entramado social mestizo o hispano-indígena, y que se sincretizan bajo una
interfaz de enunciados, prácticas y discursos (tecnologías del poder) que se practican consuetudinariamente, y que determina la condición social de
los individuos dentro de la territorialidad del espacio colonial.
La preocupación por comprender
desde una perspectiva etnohistórica las dinámicas culturales en el antiguo
Tucumán, conllevó a partir de la década de los ochenta a la elaboración de una
serie de hipótesis propuestas por Ana María Lorandi, en torno a
las relaciones de poder que se suscitaron entre sociedades indígenas e hispano-criollas,
donde los procesos de etnogénesis propiciaron las condiciones sociales para
revolucionar la actividad productiva prehispánica en torno al sistema de la
encomienda, cooptando y capacitando la mano de obra indígena local para las
nuevas actividades mercantiles bajo condiciones de servidumbre en beneficio de
la clase encomendera. La explotación compulsiva del servicio personal se
tradujo en la mercantilización del tributo indígena, excluyendo a la inmensa
mayoría del campesinado rural indígena de toda participación monetaria dentro
del circuito de la economía minera.
Basta con pensar que los
mecanismos de coacción a los que fueron sometidas las poblaciones indígenas del
Tucumán, constituyen para Lorandi uno de los elementos diagnósticos que persisten
a lo largo de todo el proceso de desestructuración
de las comunidades originarias, sugiriendo que las consecuencias bajo
condiciones de opresión no permitieron resquicios para la reproducción social y
material de estas comunidades.
Así mismo, el marco normativo y
jurídico que se aplicó en el Tucumán colonial se caracterizó fundamentalmente
por su omnipresencia y su carácter especulativo, carente de formalismo y
transparencia procesal, dado que el ejercicio real del poder estaba condicionado
por las costumbres de los cabildos locales y la constante violación al
usufructo del servicio personal indígena. Partiendo de una vocación
profundamente antropológica, Ana María Lorandi interpela los mecanismos de
subjetivación que reproducen las trayectorias particulares de la sociedad
hispano-criolla del Tucumán colonial, identificando de ese modo su statu quo per se: es decir, su relativa condición
de marginalidad con respecto a los grandes
centros del poder peninsular. Este punto resulta sumamente importante, dado que
Lorandi instala a partir de entonces la idea de que los factores
desestructurantes que sufrieron las sociedades indígenas del Tucumán deben ser
analizados bajo la perspectiva de su condición geopolítica en particular.
Desde los tiempos prehispánicos
las sociedades aborígenes del Tucumán desarrollaron estrategias de subsistencia
basadas en la complementariedad de los recursos económicos, tanto productivos
como extractivos. Las descripciones etnográficas que retratan los documentos
coloniales, dan cuenta sobre los procesos económicos en torno a la recolección
como sustento diario de las comunidades originarias. Sin embargo, podemos
presumir que las circunstancias coloniales imperantes, que modificaron
sustancialmente los hábitos de reproducción social (superposición de
obligaciones impuestas por el servicio personal), hayan restringido su
capacidad para generar excedentes que antiguamente satisfacían los modos de
consumo prehispánico. Dicha circunstancia pudo traducirse en una intensificación
de la recolección de grandes volúmenes de algarroba para “subsidiar” la
alimentación de los indígenas bajo condiciones de servidumbre. La
normativización del servicio personal y la regulación del tiempo destinado a la
cosecha de la algarroba por las ordenanzas de Abreu en 1576, puede ser un
ejemplo claro sobre las consecuencias que impactaron en los procesos de
desestructuración aborígenes.
Según un informante de la
expedición de Diego de Rojas, al promediar el siglo XVI las
poblaciones prehispánicas de la llanura oriental tucumano-santiagueña podían
recoger hasta tres cosechas de maíz en el año, beneficiados por el desborde de
los ríos que encausaban para represar el agua artificialmente. Sin embargo, la
alternancia de episodios húmedos seguidos de períodos más secos, debió resentir
significativamente sus capacidades de abastecimiento, basadas en la práctica de
una horticultura fuertemente dependiente de las condiciones pluviométricas
estacionales. Por otra parte, es preciso remarcar que las fuentes
etnohistóricas asocian indiscutiblemente la recolección de la algarroba con la
ingesta de aloja, elaborada para celebrar sus juntas y borracheras. Sin bien
existen documentos informando que estos indios para subsistir se sustentan de grandísima algarroba,
todos estos testimonios retratan un contexto etnográfico en proceso de
desestructuración, por lo que no sería erróneo suponer que la intensificación
de su recolección para alimentar a la población indígena, vaya aparejada con la
incorporación compulsiva del servicio personal durante el período
hispano-indígena.
Sin embargo, pese a las
circunstancias imperantes que vulneraron las capacidades de reproducción social
indígenas, la sociedad colonial deja entrever ciertos márgenes que a primera
vista parecen incongruentes, pero que no obstante, permiten indagar sobre
ciertas cuestiones en torno a la construcción y la percepción del imaginario
social dentro del espacio tucumano-santiagueño. Por un lado, la presencia de
indios forasteros libres cobra preponderancia a lo largo del siglo XVI, donde
la documentación ha podido identificar el itinerario de sus trayectorias
individuales, observando que la asimilación y la incorporación de los valores
hegemónicos del poder feudatario local les permite ocupar ciertos espacios de
dominio simbólico pese a su condición de aboriginalidad,
lo que indudablemente no parece haber constituido un impedimento para
usufructuar de un estatus patrimonial del que incluso otros españoles nunca
lograron alcanzar [ver “Indio libre y rico, en la vecindad de Córdoba del año 1584” en “Indígenas y conquistadores de Córdoba”, Aníbal Montes. Isquitipe, 2008].
Dentro de esta perspectiva
metodológica, la figura social que ocupa el indígena dentro del sistema
feudatario encomendero muestra una heterogeneidad de posibilidades, que
refuerzan la idea de que las pautas de interculturalidad entre colonizados y
colonizadores son el resultado de una construcción social, sin por ello
desconocer su carácter asimétrico, en el que la hegemonía cultural que instala
el orden peninsular no solo consolida, sino que también resignifica aquellos
patrones de discriminación social de acuerdo a pautas etno-culturales que
preceden incluso a la colonización española.
Analizando a grandes rasgos el
comportamiento de las sociedades indígenas a los largo del siglo XVI dentro del
ámbito meridional sur andino, observamos que los mecanismos de adaptación a las
nuevas circunstancias imperantes, precedentes a las reformas toledanas, conllevan
a una escisión de los lazos comunitarios, a las grandes movilizaciones
poblacionales que cambian la cartografía socioétnica de la altiplanicie puneña,
concentrándose grandes contingentes de población migrante alrededor de los
centros mineros y los valles orientales cochabambinos. Y una tendencia
creciente a prescindir de una identidad comunitaria u originaria para travestir
su condición social bajo una clasificación tan ambigua como la del yanacona, que la documentación colonial
del período destaca por su preocupación ante el notable ascenso de este grupo
social.
El yanaconazgo ha sido analizado
por Josep Barnadas fundamentalmente como un fenómeno de movilidad
social, posibilitado por un contexto político y económico motivado no solo por
el ritmo sostenido a partir de 1545 del extractivismo minero potosino, sino
también por los efectos catastróficos de las guerras pizarristas, que llevaron
al borde de la inanición a las sociedades aborígenes altiplánicas. El período
comprendido entre 1550-1570 reconfigurará el escenario social del espacio
charqueño, observándose un aumento en la tasa de la mano de obra indígena libre
que se recluta voluntariamente alrededor de la ceja de selva, precisamente allí
donde los emprendimientos agrícola-ganaderos del sector propietario no
encomendero emergen junto con el sector minero, disputando el acceso a la mano
de obra indígena que pretenden acaparar los encomenderos con la perpetuidad del
servicio personal. Lo interesante del caso es que la deserción de la vida
comunitaria conlleva a la liberación de las obligaciones impositivas de las que
son susceptibles de exacción los hatun
runa, miembros del ayllu, unidad censal que organiza la actividad
tributaria de la administración colonial.
En este contexto de
desestructuración, hablar de sanavirones en un espacio marginal dentro del
territorio colonial como lo fue el Tucumán, implica someter bajo interrogación
un conjunto de saberes y enunciados que la disciplina historiográfica terminó
por constituir como una entidad etnográfica no
arqueológica.
El fenómeno sanavirón, puesto bajo la observación de los
efectos de la dominación colonial, permite visibilizar aquellos mecanismos de
asimilación o aculturación social de las pautas hegemónicas peninsulares para
subvertir la condición social de hatun
runa.
Quizás uno de los aspectos menos
estudiados sobre el tema, corresponda al análisis sobre la condición social de yana que ocuparon indios sanavirones durante
el proceso de colonización en las sierras cordobesas. En este sentido, Josefina
Piana en su libro “Los indígenas de Córdoba bajo el régimen
colonial 1570-1620” propone varias líneas de investigación que merecen por sí mismas un
estudio monográfico pormenorizado. En una de ellas, sugiere la participación de
indios sanavirones como agentes intermediarios en la resolución de conflictos
hispano-indígenas, quienes colaboraron como intérpretes ante los escribanos
notariales.
La inestabilidad que presenta el
etnónimo sanavirón para discriminar
patrones de interculturalidad entre las sociedades indígenas de las Sierras
Centrales, motivó a que los primeros estudios etnográficos o “protohistóricos”
de principios del siglo XX priorizaran la toponomástica para identificar su
filiación étnica y remarcar las diferencias raciales que separaban al grupo advenedizo de aquellos originarios que
se denominaron comechingones, a partir de las descripciones que suscitan los
documentos de la conquista.
En principio, la supuesta
intrusión de poblaciones procedentes del sudoeste de la cuenca aluvial
santiagueña en el territorio cordobés se habría extendido, pocos años antes de
la llegada de los españoles, sobre el eje longitudinal del piedemonte
oriental serrano. La presencia de la
toponimia y la onomástica sanavirona quedó registrada desde temprano a partir
de la fundación de la jurisdicción en 1573, a través del reparto de encomiendas
en cuyas cédulas aparecen los apellidos de los caciques con sus pueblos, muchos
de ellos vertidos a la lengua sanavirona. Esta circunstancia llevó a considerar
la idea de que el predominio del topónimo sacate
fue la consecuencia de una penetración motivada por la presión que ejercieron
hordas chiriguanas sobre grupos sedentarizados de la mesopotamia santiagueña.
Con posterioridad, Eduardo Berberian
y Beatriz Bixio han relativizado la idea de considerar a la lengua sanavirona
como una entidad étnica y territorial, proponiendo la posibilidad de pensar que
estas identidades etnográficas fuesen asignadas por los mismos españoles. En
consonancia con esta línea de investigación, González Navarro [ver “Autoridades étnicas en un contexto de desestructuración...”, 2009] retoma el problema, advirtiendo a partir de una cuidadosa lectura de los
archivos judiciales, que la organización política de las entidades adscriptas
al grupo sanaviron revela ciertas particularidades que difieren respecto al
grupo comechingón, y que se manifiestan explícitamente en la dimisión de
pleitos por la superposición de mercedes y títulos de encomienda:
[En términos generales se advierte en el área de planicies orientales
una menor frecuencia de conflictos prehispánicos acompañada por una escasa
fragmentación política, lo cual se correspondió, durante el periodo colonial,
con una más limitada presencia de conflictos por tierras o por encomiendas.
Según analizamos en contribuciones anteriores (González Navarro, 2002,2005), la
mayor concentración de pleitos judiciales por la posesión de encomiendas se
ubica en el área serrana, donde
continuamente las partes indican las dificultades para precisar los límites de
las encomiendas debido a la fragmentación de los pueblos][Este fenómeno no se
repite de la misma manera en el área de planicies donde la apropiación del
espacio y de las personas bajo la figura jurídica de la encomienda, se habría
dado de forma más aceitada y sin conflicto entre españoles]”
Curiosa reflexión que
indudablemente nos lleva a interrogarnos sobre los vínculos de subordinación y
reciprocidad que pudo establecerse entre feudatarios y sanavirones. Si la menor
frecuencia de conflictos por tierras o títulos de encomienda se da
preferentemente entre indios sanavirones, quizás haya que prestar más atención
a los métodos de apropiación y reparto del territorio del que se benefició el
sector feudatario cordobés, donde podemos observar que varios vecinos pueden
ser titulares de una misma encomienda como la de Cavisacate (actual localidad de Villa del Totoral), de indudable
filiación sanavirona, sin que por ello se genere conflicto alguno entre las
partes que dirimen el reparto de las tierras no usufructuadas por sus propios
indios [ver “Libro de mercedes de tierras de Córdoba...”, con fecha 22 de marzo de 1576].
Por otra parte, la arqueología de
las Sierras Centrales no ha podido determinar o aislar un patrón estilístico
que permita discriminar una cultura material propiamente sanavirona, aunque las
colecciones arqueológicas recolectadas en el norte cordobés suelen identificar
la presencia de alfarería rústica de filiación santiagueña. Más bien, lo que el
registro arqueológico demuestra en líneas generales es una tendencia a
homogeneizar los modos de reproducción social que desarrollaron las sociedades
indígenas de las Sierras Centrales. Nuevas interpretaciones analizadas desde la
disciplina antropológica coinciden en destacar que los procesos sociales desarrollados
durante el Período Prehispánico Tardío en la región provocaron un colapso en
los modos de reproducción tradicionales, y esta circunstancia se reflejó tanto
en una intensificación de la explotación de los recursos naturales (Laguens),
como en una mayor presencia de los conflictos interétnicos en el noroccidente
serrano por la disputa de los escasos recursos hídricos (Pastor).
Sin dudas, en el estado actual
del conocimiento que se tiene sobre las sociedades indígenas de las Sierras
Centrales, hablar de comechingones y sanavirones ya no resulta tan pertinente,
si consideramos que la construcción de las cartografías étnicas durante el
proceso de la conquista responden más bien a una percepción particular del
espacio territorial que le es funcional a la administración colonial. Sin
embargo, a partir de estas clasificaciones impuestas es que podemos indagar a
través de la documentación otros aspectos que revelan las trayectorias
particulares de determinados grupos o sujetos subordinados al poder colonial, y
que pese a su condición social subalterna definida por su aboriginalidad, no obstante participan como agentes mestizos o
intermediarios, ocupando un papel relevante como intérpretes en la resolución
de conflictos hispano-indígenas.